Registro, políticas, evaluaciones de impacto y delegado de protección de datos, hechos por un equipo de derecho, ingeniería y bioética. Con la parte que un estudio jurídico o una consultora de ciberseguridad no pueden entregar: la evidencia de que sus decisiones con datos son proporcionadas y equitativas.
La lectura inicial es una respuesta escrita: qué obligaciones le alcanzan, qué tratamientos parecen de alto riesgo y qué alcance tendría el trabajo. En dos días hábiles, sin compromiso.
Crédito y cobranza · selección de personal · admisión y cupos · control biométrico y monitoreo · priorización de atención · asignación de beneficios
¿Usted es…?
Cada uno termina en un documento concreto que la organización conserva y puede mostrar.
Qué datos de personas usa su organización, para qué, con qué base, y qué distancia hay entre eso y la ley.
Entrega: inventario de tratamientos, matriz de brechas priorizada por riesgo, plan de adecuación con secuencia y esfuerzo.
Lo que la Agencia va a pedir primero, construido para que la organización lo mantenga sola.
Entrega: registro de actividades de tratamiento, políticas y avisos de privacidad, procedimientos de derechos del titular e incidentes, contratos con encargados.
La EIPD completa del artículo 15 ter, incluida la sección que casi nadie sabe completar: necesidad, proporcionalidad y riesgos para las personas, medidos con datos y no con adjetivos. Sirve también para sistemas que aún no operan.
Entrega: la evaluación completa, con medición reproducible, conclusión fundada sobre proporcionalidad y mitigaciones ordenadas por esfuerzo y efecto.
Asumimos la función de delegado de protección de datos ante titulares y Agencia, y repetimos la medición con una cadencia acordada.
Entrega: punto de contacto formal, atención de solicitudes e incidentes, expediente de evidencia fechado y listo para presentar.
Registro, bases de licitud, políticas, derechos del titular, delegado. Lo resuelve el derecho; lo ofrece cualquier estudio.
Que los datos no se pierdan, no se alteren y no se expongan. Lo resuelve la ciberseguridad; lo ofrece cualquier consultora.
Demostrar que cada uso de alto riesgo es necesario y proporcionado, y mostrar a quiénes favorece y a quiénes carga. Lo resuelven la ingeniería y la bioética; casi nadie lo ofrece.
Sin lo tercero, una implementación cumple con la letra y no puede demostrar que protege a las personas. Con ello, cuadra el círculo.
Un dato que no guarda relación con la finalidad, ¿solo es una intrusión?
Vea por qué es desproporcionado dos veces →Seis preguntas sobre lo que su organización hace hoy con datos de personas. El resultado aparece aquí mismo; si quiere, se lo enviamos con la lectura completa.
Siempre que un tratamiento pueda producir alto riesgo para las personas, y en todo caso en estos cuatro supuestos. No hace falta usar inteligencia artificial.
La ley fija su vigencia el 1 de diciembre de 2026; un proyecto en trámite en el Senado propone trasladarla a diciembre de 2027. La evidencia que exige no puede generarse retroactivamente. Las infracciones gravísimas alcanzan multas de hasta 20.000 UTM, y en caso de reincidencia hasta el 4% de los ingresos anuales.
Cuéntenos qué hace su organización con datos de personas. Respondemos con una lectura inicial: qué obligaciones le alcanzan, qué tratamientos parecen de alto riesgo y qué alcance tendría el trabajo.
Con la respuesta le enviamos una guía breve, preparada para su sector, sobre lo que una evaluación de impacto debe poder mostrar.